- La presión de EE.UU. frena la regulación tecnológica europea.
- Iniciativas clave como la Ley de IA y la Ley de Servicios Digitales están en riesgo.
- Grandes tecnológicas estadounidenses presionan para suavizar restricciones.
La administración estadounidense ha logrado influir en los reguladores europeos, provocando una ralentización e incluso la posible reversión de importantes medidas tecnológicas. La Comisión Europea se encamina a cerrar el año con escaso avance en sus principales iniciativas, y muchas de ellas podrían ser modificadas o canceladas. La presión de las grandes corporaciones tecnológicas, apoyadas por EE.UU., ha aumentado significativamente tras el acuerdo arancelario de agosto.
Riesgo para la Ley de Inteligencia Artificial
La ambiciosa Ley de Inteligencia Artificial de Europa, que entró en vigor en agosto de 2024 con implementación completa prevista para 2027, enfrenta posibles debilitamientos. Se baraja la posibilidad de posponer la aplicación de sanciones por incumplimiento un año más, hasta agosto de 2027, para dar más tiempo a los desarrolladores y usuarios. Un portavoz de la Comisión Europea reconoció las preocupaciones del sector y los estados miembros, indicando que un paquete de medidas conocido como 'digital omnibus' podría ser el marco adecuado para abordar estas cuestiones, aunque aún no hay decisiones tomadas.
Posible retraso en sanciones de la Ley de IA
La revisión de posibles enmiendas a la Ley de IA podría tener lugar a finales de 2026, como parte de un paquete más amplio destinado a simplificar directrices. La principal modificación contemplada sería el aplazamiento de la entrada en vigor de las penalizaciones por infracciones, pasando de agosto de 2026 a agosto de 2027. Esta medida busca conceder un margen de maniobra adicional para asegurar el cumplimiento normativo.
Incertidumbre en la Ley de Redes Digitales y el Espacio
La prometida Ley de Redes Digitales se ha estancado, y su discusión no se reanudará hasta enero de 2026, a la espera de alcanzar un consenso entre los estados miembros. Las diferencias radican principalmente en el cierre de redes de cobre y el fortalecimiento de BEREC, la autoridad reguladora europea. Alemania, por ejemplo, se opone a la fecha propuesta de 2030 para el cierre de redes de cobre. Por otro lado, la propuesta de Ley del Espacio de la UE ha recibido la oposición oficial de Estados Unidos, que considera que obstaculizaría a las empresas estadounidenses y restringe su operativa.
Oposición de EE.UU. a la Ley del Espacio
El Departamento de Estado de EE.UU. ha presentado un documento de 13 páginas respondiendo a la consulta pública de la Comisión Europea, solicitando la revisión de secciones clave de la Ley del Espacio. Argumentan que el borrador actual contradice el espíritu del acuerdo arancelario y pide a Europa que facilite la cooperación en lugar de crear barreras adicionales. Esta postura subraya las tensiones existentes en la colaboración tecnológica transatlántica.
Resistencia de gigantes tecnológicos a DSA y DMA
La Comisión Europea continúa enviando requerimientos a las grandes tecnológicas estadounidenses para que cumplan con la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). Sin embargo, los recursos presentados por las empresas implicadas están alargando considerablemente los plazos. Apple y Google han criticado duramente la DMA, evidenciando la complejidad de las negociaciones. La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. también ha advertido que ciertas reglas de la DSA podrían entrar en conflicto con leyes estadounidenses, especialmente en lo referente a la libertad de expresión y la seguridad de los ciudadanos.
Debate sobre el espectro radioeléctrico para Wi-Fi
El Departamento de Estado de EE.UU. ha intervenido en favor de la industria del Wi-Fi, incluyendo empresas como Apple y Qualcomm, para proteger una banda específica del espectro radioeléctrico. Se ha propuesto un compromiso sobre el uso de la banda de 6 GHz para favorecer a la industria de telefonía móvil. Según informes, 13 de 27 países europeos, incluyendo Italia, se han posicionado a favor de los operadores móviles, mientras que otros se han abstenido. La decisión final recae en la Comisión Europea, que puede modificar estas recomendaciones.