- Azalia King, de 91 años, era la última residente en un terreno de 1.400 acres destinado a una megafábrica de chips de Micron.
- Autoridades locales amenazaron con usar la expropiación forzosa para adquirir su hogar y proceder con la construcción.
- Tras intensas negociaciones y amenazas legales, la familia de King acordó un trato para su mudanza, cuyos términos se detallarán próximamente.
La construcción de una ambiciosa megafábrica de chips por parte de Micron, valorada en 100.000 millones de dólares, ha puesto en el punto de mira el hogar de Azalia King, una mujer de 91 años que residía en el terreno desde 1965. Las autoridades del condado de Onondaga amenazaron con ejercer el poder de expropiación para obligar a King a abandonar su casa, la única que quedaba en una extensa parcela de 1.400 acres destinada a albergar el complejo de fabricación de semiconductores más grande de Estados Unidos. Este proyecto, impulsado por la necesidad de reducir la dependencia de la producción asiática, se enfrenta a retrasos significativos.
El conflicto por la megafábrica de Micron
Azalia King se había negado a vender su propiedad, convirtiéndose en el último obstáculo para el desarrollo del proyecto de Micron. El condado de Onondaga, tras décadas intentando atraer empresas al terreno, vio en Micron una oportunidad histórica, especialmente con el atractivo de importantes subsidios federales y estatales. La empresa tecnológica planea iniciar la construcción el próximo mes, pero no puede hacerlo hasta que King desaloje su hogar. La situación ha generado una considerable presión sobre la anciana y su familia.
Negociaciones y acuerdo final
Tras una semana de intensas negociaciones, amenazas legales y protestas comunitarias, la familia de King llegó a un acuerdo con los funcionarios locales. El anuncio fue realizado por el ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, quien destacó la importancia del proyecto para la seguridad nacional y el futuro de la comunidad. Aunque los términos exactos del acuerdo aún no se han hecho públicos, se espera que la Agencia de Desarrollo Industrial del condado vote para finalizarlo a mediados de diciembre. Previamente, el condado ofreció 100.000 dólares, mientras que la familia contraofertó 10 millones.
El poder de la expropiación y sus implicaciones
El caso de Azalia King pone de relieve el uso del poder de expropiación, la capacidad del gobierno para adquirir propiedad privada para uso público a cambio de una compensación justa. Si bien los datos sobre la frecuencia de su uso son limitados, King ha sido objeto de presiones similares en el pasado. En 1965, el condado la obligó a abandonar su granja para construir una estación eléctrica, y durante el auge de las puntocom, enfrentó siete años de presión para vender su terreno para una fábrica de semiconductores. Este tipo de disputas por la tierra podrían volverse más comunes a medida que las políticas buscan repatriar la manufactura a Estados Unidos.
Precedentes legales y controversias
La demanda presentada por King contra las autoridades del condado la semana pasada aceleró las negociaciones, según su abogado. El acuerdo garantiza que King permanecerá en la comunidad. Sin embargo, el caso también ha suscitado preocupaciones sobre el impacto ambiental y el aumento del tráfico, así como el debate sobre si los gobiernos deben recurrir a la expropiación para beneficiar a corporaciones privadas. Expertos legales señalan que Nueva York es un epicentro de abusos en materia de expropiación, y que existen alternativas a desplazar a residentes, especialmente cuando muchos proyectos no cumplen las promesas iniciales.
El futuro de la producción de semiconductores en EE.UU.
El proyecto de Micron en Clay, al norte de Syracuse, es parte de un esfuerzo federal para fortalecer la producción nacional de chips. Se espera que la planta emplee a 9.000 personas en su punto álgido y que la producción inicial comience a finales de 2030. La disputa por la propiedad de King ha retrasado el inicio de las obras, que ya acumulan dos o tres años de demora. La necesidad de asegurar el suministro de semiconductores ha llevado a gobiernos a ofrecer cuantiosos subsidios, lo que a su vez intensifica la presión sobre terrenos y comunidades.