• Kits de desarrollo de DSi, 2DS, 3DS, Wii y Wii U incautados por la policía tras una supuesta intervención de Sega.
  • El vendedor alega que Sega utilizó una investigación privada y la policía para recuperar el material que él había adquirido legalmente tras una liquidación de oficinas de Sega.
  • Se cuestiona la legalidad de la orden judicial y la actuación policial, con el vendedor afirmando que Sega se ha negado a dialogar y podría haber destruido el material.

Un vendedor particular ha acusado a Sega de utilizar a la policía para recuperar kits de desarrollo de consolas de Nintendo que la propia compañía japonesa había desechado negligentemente. El caso se remonta a una liquidación de oficinas de Sega en el Reino Unido, donde el vendedor adquirió un lote de consolas y material de desarrollo. Posteriormente, un investigador privado, presuntamente actuando en nombre de Sega, se puso en contacto con él, culminando en una redada policial en su domicilio donde se incautaron los dispositivos.

El vendedor sostiene que adquirió legalmente el material por aproximadamente 10.000 libras esterlinas y que ha intentado resolver la situación de forma amistosa, enviando múltiples comunicaciones legales a Sega sin obtener respuesta. La defensa del vendedor se centra en la presunta ilegalidad de la orden judicial y la actuación policial, argumentando que la policía solicitó una renuncia de propiedad en lugar de proceder con una confiscación directa, lo que, según él, implica un reconocimiento de su titularidad legal. Además, expresa su preocupación de que Sega haya recuperado el material fuera de los cauces legales para destruirlo, evitando así un escándalo mayor.

El material incautado incluía kits de desarrollo de DSi, 2DS, 3DS, Wii y Wii U, todos ellos propiedad de Nintendo. La noticia pone de relieve las complejas cuestiones legales y éticas en torno a la preservación de material de desarrollo y la gestión de activos por parte de las compañías. La falta de respuesta por parte de Sega y las dudas sobre la validez de la orden judicial plantean serias preguntas sobre la integridad del proceso y la posible mala praxis por parte de la corporación y las autoridades.