- Una orden ejecutiva filtrada sugiere que la administración Trump planea impedir que los estados creen sus propias leyes sobre inteligencia artificial.
- El borrador otorga al poder ejecutivo la capacidad de disuadir fuertemente a los estados de regular la IA, mediante acciones legales y retención de fondos.
- David Sacks, asesor especial en IA y Cripto, tendría una influencia significativa en la política de IA de la administración.
Una reciente filtración de un borrador de orden ejecutiva ha puesto de manifiesto las intenciones de la administración Trump de establecer una preeminencia legal para la inteligencia artificial a nivel federal, buscando así impedir que los estados desarrollen y apliquen sus propias normativas en este campo. Este movimiento, que surge en medio de tensiones entre el poder federal y las iniciativas estatales, podría tener profundas implicaciones en el desarrollo y la gobernanza de la IA en Estados Unidos.
Intento de centralización regulatoria de la IA
El borrador de la orden ejecutiva, que se filtró la semana pasada, detalla un plan para que el poder ejecutivo federal tenga la capacidad de disuadir activamente a los estados de legislar sobre inteligencia artificial. Aunque no se trata de una prohibición directa, la orden propone mecanismos para castigar a los estados que intenten regular la IA, incluyendo la posibilidad de demandarlos, retener miles de millones en fondos federales y aplicar multas de la FTC. Esta estrategia busca crear un marco regulatorio unificado a nivel nacional, centralizando el control y la dirección de las políticas de IA bajo la autoridad federal.
Una figura clave en este esquema es David Sacks, quien ostenta el cargo de Asesor Especial en IA y Cripto. A pesar de no ser un empleado gubernamental permanente, Sacks, un capitalista de riesgo multimillonario, ha ganado una influencia considerable en la configuración de las políticas de IA y criptomonedas de la administración. Su participación subraya la conexión entre el sector tecnológico privado y las decisiones políticas que afectan a la regulación de la IA.
Mecanismos de presión y posibles consecuencias
La orden ejecutiva detalla varios métodos para ejercer presión sobre los estados. Uno de los puntos más destacados es la sección 5, que instruye al Departamento de Comercio a retener fondos del programa BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) a los estados con leyes de IA consideradas “onerosas”. Además, se insta a otras agencias federales a revisar sus fondos discrecionales para determinar si pueden ser retenidos a estados con normativas contrarias a la política federal. Esta táctica de presión financiera podría ser muy efectiva, dado que muchos estados dependen de estos fondos para proyectos críticos.
Expertos legales como Charlie Bullock señalan que, si bien una orden ejecutiva no puede anular directamente las leyes estatales, puede tener un efecto disuasorio significativo. La amenaza de litigios y la retención de fondos podrían desincentivar a los estados de promulgar o mantener leyes de IA. Sin embargo, se anticipa que estados con un fuerte interés en regular la IA, como California, podrían impugnar estas acciones en los tribunales. La efectividad a largo plazo de la orden dependerá de su solidez legal y de la respuesta de los estados.
El rol de la FCC y la FTC
La orden también contempla la participación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC). Se instruye a la FCC a iniciar un proceso para determinar si debe adoptar estándares federales de notificación y divulgación que prevalezcan sobre las leyes estatales conflictivas. Por su parte, la FTC podría utilizar su autoridad para prohibir actos o prácticas desleales o engañosas en el comercio, argumentando que ciertas leyes estatales de IA son engañosas. Estos movimientos amplían el alcance de la regulación federal, buscando unificar criterios en áreas complejas como la discriminación algorítmica.